Aberración judicial contra Kamel Salame

Robert Alvarado El abogado defensor de Kamel Salame, Stanley Peña y el coordinador de la organización SAKALOS, José Luis Centeno, denunciaron este lunes 30 de julio desde la ciudad de Barinas la aberración judicial, la retaliación política y la expropiación anticipada en contra de los bienes del empresario yaracuyano y ex candidato a alcalde del Municipio San Felipe del estado Yaracuy.

En la rueda de prensa estuvo presente una representación de la Mesa de la Unidad del estado Barinas integrada por Melquíades Ocaña (MAS), Rafael Riera (UNT), Jarmeiro Arranguren (Independiente), Adolfo Superlano (UNT), candidato a la Alcaldía del Municipio Bolívar, Rodolfo Peña (UNT) y Robert Alvarado (IND).

Peña denunció la manera cómo altos personeros del Gobierno nacional se refirieron a Salame durante la inauguración de la Comunidad Terapéutica Socialista La Guacamaya, ubicada dentro de un complejo turístico propiedad de Kamel Salame Ajami.

“La inauguración de este centro -señaló Peña- estuvo a cargo de Tareck El Aissami, Ministro Interiores y Justicia; acompañado de la ministra de Salud, Eugenia Sader; el viceministro de Seguridad Ciudadana y Comisionado Nacional de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol; el gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia; entre otros altos funcionarios del Gobierno Bolivariano”.

“Escenario que sirvió para que la ministra de Salud, Eugenia Sader -agregó Peña-, afirmara que las instalaciones utilizadas para la Comunidad Terapéutica Socialista eran “espacios recuperados del narcotráfico y del narcolavado”; mientras que El Aissami dijo que eran instalaciones incautadas “al narcotráfico” y agregó que la sede de la CTS era parte de un bien incautado a organizaciones criminales.

En opinión del abogado defensor de Kamel Salame, se trata de una “ligereza de los ministros” Tareck El Aissami y Eugenia Sader porque en el expediente de Salame no existen denuncias de narcotráfico o actividades relacionadas con organizaciones criminales.

Las declaraciones de “estos altos representante del Ejecutivo nacional”, agrego Peña, representan “una postura indigna, temeraria e irresponsable que demuestra un interés subyacente y desmedido en hacerse de la propiedad de esos bienes imponiendo el carácter imperativo del Estado con ese fin. “Todo se trató de un ardid para sostener la “condena política” impuesta a SALAME, remató Peña.

Por su parte, José Luis Centeno reiteró que “en el caso hay visos de confiscación, apropiación indebida y expropiación anticipada, encubiertos por señalamientos temerarios e irresponsables violatorios de la presunción de inocencia de SALAME, irregularidades propiciadas por el ministro El Aissami, reflejando desconocimiento de la causa; así como del ordenamiento jurídico que limita las atribuciones de un funcionario del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial, algo que el ciudadano Ministro obvió con pronunciamientos concluyentes sobre los bienes del ex candidato a alcalde sin que se haya aperturado el juicio correspondiente.

En este escenario, -amplió Centeno- “el ministro El Aissami colocó al Estado venezolano en condiciones adversas para el erario público o bien por la ambigüedad jurídica de este acto de gobierno o bien por los supuestos actos de corrupción que dieron lugar a la inversión requerida para “la construcción” de la Comunidad Terapéutica Socialista con una inversión de “ocho millones 566 mil 422 bolívares”.

“¿En qué se invirtieron los “8 millones 566 mil 422 con 80 bolívares?”, indicó Centeno, para agregar que “que las instalaciones de La Guacamaya, donde se instaló la Comunidad Terapéutica Socialista, estaban completamente construidas dotadas con todos los servicios públicos y el mobiliario requerido para su funcionamiento.

“Con instalaciones totalmente construidas, equipadas y permisadas por el mismo Estado, es de presumir que ese dinero se haya orientado a gastos equivocados, ya que incluso, sobrepasan abiertamente los límites de la legalidad, al invertir el dinero público en propiedades aún sin definir su titularidad, obviando los procedimientos de carácter administrativo que deben cumplirse”.

Según Centeno, “estas acciones terminarán en detrimento patrimonial para el Estado, algo que implica la responsabilidad de los funcionarios que tomaron parte en las confiscaciones y promueven el proyecto de la Comunidad Terapéutica, comenzando por el ministro El Aissami por la deficiencia administrativa de los procesos y procedimientos que condujeron a dicha propuesta. Lo anterior le resta legitimidad y legalidad a la acción ejecutada por el máximo representante de Relaciones Interiores y Justicia y alienta, a su vez, la corrupción, manipulación judicial y la profundización de esta injusticia en contra de SALAME”.

Para ampliar la información vea y escuche el video de la entrevista que le hizo Jesús González Cazorla al abogado de Salame:  http://www.ustream.tv/recorded/24364967